Demandas sí, castigos no

2012-12-21T00:00:00Z Demandas sí, castigos noTim Steller La Estrella De Tucsón Arizona Daily Star
December 21, 2012 12:00 am  • 

Cuando los agentes disparan, siguen las demandas legales. Es una regla general que saben los agentes de la Patrulla Fronteriza e incluso que llegan a conocer las familias muy dentro de México.

Algunas veces los abogados buscan a los familiares de las víctimas. Otras veces, el gobierno mexicano le ofrece a la familia ayuda legal mediante su red de abogados.

Entre los sobrevivientes y sus familias que ahora están demandando al gobierno federal, están:

•La madre de Carlos LaMadrid, un ciudadano estadounidense que fue acribillado por un agente de la Patrulla Fronteriza mientras subía una escalera sobre la barda fronteriza en Douglas, el 21 de marzo del 2011.

•Jesús Enrique Castro Romo, un residente de Nogales, Sonora, que sobrevivió tras ser baleado por un agente el 16 de noviembre del 2010.

•La familia de Sergio Hernández Guereca, muerto en la línea internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 7 de junio del 2010.

En ese caso, el gobierno de Estados Unidos argumentó que las protecciones constitucionales no aplicaban a Hernández Guereca, un mexicano de 15 años de edad, porque fue baleado en México. El juez federal, David Briones, aceptó el argumento y desestimó el caso en febrero. La familia está apelando.

En la más grande compensación reciente a cambio de no seguir un juicio, el gobierno accedió a pagar 850 mil dólares a los sobrevivientes del indocumentado Francisco Domínguez Rivera, pese a que dos jurados no sentenciaron al agente de la Patrulla Fronteriza, Nicholas Corbett, por la muerte de Domínguez-Rivera.

Sin embargo, frecuentemente las familias de las víctimas reciben nada.

El agente Denin Hermosillo mató a un traficante de mariguana que no iba armado al oeste de Rio Rico en el 2005, en lo que los investigadores creen que fue un disparo accidental del arma de Hermosillo. El padre de la víctima, de México, puso la demanda en un tribunal federal, pero el juez ya fallecido, John Roll, desechó el caso porque fue puesto demasiado tarde.

•Zelma Barrón Torres, la madre de un joven de 15 años de edad que murió cerca de la barda fronteriza de Nogales, Sonora, en enero del 2011, recibió visitas de varios abogados después del tiroteo. Firmó un contrato con uno de ellos, Ezequiel Reyna Jr., de Weslaco, Texas.

Pero después de un tiempo, el abogado dejó de contestar sus llamadas y eventualmente se pasó de la fecha límite para poner una demanda. Reyna no regresó una llamada del Arizona Daily Star, diario hermano de La Estrella de Tucsón, para una entrevista.

El abogado Luis Parra es el representante de la familia de José Antonio Elena Rodríguez, el jovencito de 16 años de edad que fue muerto en Nogales, Sonora, por un agente que disparó desde el lado estadounidense el 10 de octubre pasado. La agencia dijo que el agente respondió con fuego debido a que le lanzaban piedras del lado mexicano.

"Nosotros sostenemos que José Antonio no estuvo involucrado con los que lanzaban piedras. Él no estuvo involucrado con cruzar a Estados Unidos", dijo Parra.

La familia piensa presentar una demanda dentro de los seis meses requeridos por la ley, dijo.

Las demandas pueden obligar a los involucrados a que rindan cuentas, dijo Esha Bhandari, del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Cívicas Americanas (ACLU).

Como ejemplo, puso el caso de Hernández Guereca, de El Paso. Tras dos años del tiroteo de junio del 2010, en abril de este año el Departamento de Justicia anunció que no iba a poner cargos contra el agente que lo acribilló, pese a que surgieron preguntas de parte de testigos y de la evidencia de un video sobre la necesidad del tiroteo.

"Es básicamente un caso cerrado", dijo. "A menos que a la familia Hernández le sea otorgada una oportunidad de presentar su caso ante un tribunal".

Contacta a Tim Steller en tsteller@azstarnet.com o en 807-8427

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